Familias en peligro por negligencia corporativa

Cuando una compañía contamina el medio ambiente y el agua que bebemos todos, aquello afecta la salud de millones de familias, causando daños que muchas veces son irreparables. En las últimas décadas, diversos casos de este tipo han ocurrido en Estados Unidos. Desafortunadamente, las autoridades hacen con frecuencia oídos sordos a los reclamos de los afectados, hasta que las comunidades se organizan para tomar acciones legales de manera colectiva y hacer respetar así el derecho ambiental.

No obstante, las acciones colectivas no son cosa sencilla, debido a que dependen de muchos factores y cada caso presenta características propias. En un escenario ideal, además de lograr una compensación monetaria para los afectados, también se debería conseguir un cambio sustancial en los procedimientos de las compañías y controles municipales, para enviar un mensaje más claro al sector privado y prevenir así futuras catástrofes ambientales y más víctimas. Por ello, se recomienda a los potenciales demandantes buscar el asesoramiento legal adecuado.

Lamentablemente, cuando las comunidades en pie de lucha están compuestas por inmigrantes, minorías y/o sectores de bajos recursos, a menudo no reciben la atención que merecen y siguen enfrentándose con las graves consecuencias que causa la contaminación por negligencia corporativa. A continuación, haremos un repaso sobre algunos casos recientes.

Buscan que se haga justicia

Las numerosas quejas acusando pérdidas del conocimiento, fuertes dolores de cabeza, náuseas, sangrados por la nariz, asma y otros problemas de salud sufridos por la población de Porter Ranch, en Los Ángeles, señalaban a la empresa Southern California Gas Co. como responsable de una amenaza invisible: una fuga de gas natural en uno de los mayores depósitos de hidrocarburo del país en octubre del 2015. Desde entonces, miles de residentes sufren las consecuencias.

Este video del 16 de enero, que fue capturado con cámara infrarroja, muestra cómo el gas continúa propagándose por la zona de Porter Ranch:

La gente de Porter Ranch no recibió atención inmediata ni ayuda suficiente tras los pedidos de cierre de las instalaciones de la compañía. En respuesta a la pobre reacción de las autoridades, muchos pobladores se reunieron el 17 de diciembre en el Town Hall. En dicha asamblea se abordaron los devastadores problemas asociados al pozo de gas Aliso Canyon. Expertos en el campo de la medicina, las leyes y el medio ambiente se sumaron también a la cita para proporcionar más información sobre los daños y las opciones legales de los afectados.

Figuras importantes, como la famosa activista Erin Brockovich, se sumaron a la causa. En 1993, Brockovich había ya enfrentado con éxito a la Pacific Gas and Electric Company (PG&E) por la contaminación de una reserva de agua en California, ocasionada a lo largo de 30 años (recordemos que Brockovich fue encarnada por Julia Roberts en la gran pantalla, en el film “Erin Brockovich”). Otra personalidad que se involucró en el caso Porter Ranch fue Robert F. Kennedy Jr., un ambientalista, profesor y fiscal general, que junto a otros abogados expertos en este tipo de casos, unieron esfuerzos para lograr justicia para cualquier persona afectada por la fuga de gas.

Hasta el día de hoy se siguen sumando cientos personas que denuncian los daños a su salud y exigen que la empresa asuma los gastos de reubicación de los residentes. Miles de pobladores ya fueron reubicados. También hubo que cerrar escuelas, trasladando a los estudiantes a otros lugares y se espera que la empresa pague además por el alojamiento de las mascotas y por la presencia de policía adicional. El 6 de enero, Jerry Brown, gobernador de California, declaró estado de emergencia en la zona de Porter Ranch. En pocas palabras, la presión de la población sirvió para que las autoridades finalmente tomen medidas para hacer frente a los problemas.

Otras tragedias de comunidades con menos suerte

Sin embargo, a veces la presión de la gente no es suficiente para hacer justicia de inmediato. La planta de reciclaje de baterías Exide Technologies, que arrojó residuos químicos peligrosos ocasionando graves daños a los habitantes de Vernon, Los Ángeles, aún no ha sido intervenida por las autoridades. Las negligencias de la compañía han afectado la vida de miles de personas en dicha comunidad bajos ingresos, en su mayoría inmigrantes Latinos.

La empresa operó durante 33 años sin un permiso apropiado de la agencia ambiental del estado (EPA, por sus siglas en inglés) y sin cumplir la normativa ambiental. Según informaron, los residuos tóxicos arrojados afectaron a más de 100.000 residentes de la zona, exponiéndolos a factores cancerígenos y otros productos químicos peligrosos como el plomo y el arsénico, que fueron hallados en los patios de los hogares cercanos a la planta y en al menos un parque público.

A pesar años de protestas, reuniones públicas, audiencias y movilizaciones, no se logró que cierre la instalación hasta después de décadas. Recientemente, por fin, intervino la Oficina del Fiscal para alertar con cargos penales federales a Exide y acordar un cierre entre marzo y abril de 2015.

Una comunidad consumiendo agua tóxica por un año y medio

Muchas de las familias de Flint, Michigan, usaban el agua de grifo o de llave de sus casas para beber, cocinar, lavar y bañarse hasta que en septiembre de 2014 se enteraron que, por su salud, era mejor no consumir esa agua sin hervir. Pero en el verano de 2015 la cosa empeoró aún más: se halló que el agua era altamente tóxica, pues contenía niveles de plomo muy altos, por lejos fuera de lo permitido. Por consecuencia de esto, miles de residentes, entre ellos muchos niños, sufrieron lesiones en la piel, caída del cabello, hipertensión, pérdida de la visión y de la memoria, depresión y otras enfermedades.

Flint estaba conectada al sistema de agua de Detroit. La tragedia se desató cuando en abril de 2014, el ex alcalde, Dayne Walling, desconectó al pueblo de aquel sistema y eligió el río Flint como nueva fuente de agua, un río cuya cual es altamente corrosiva.

En agosto de 2015, los lugareños presentaron una petición para que el pueblo vuelva a conectarse al sistema de agua de Detroit. La nueva alcaldesa, Karen Weaver, declaró el estado de emergencia en la ciudad para recibir ayuda estatal y del gobierno federal. Recién a más de año y medio, la alcaldía cumplió con dicho pedido en octubre.

Algunos de los afectados demandaron al ex alcalde, al gobernador de Michigan, y a otras autoridades de Flint y del estado con el fin de obtener compensación económica por los daños causados. La abogada litigante dijo que la demanda podría tardar unos dos o tres años en resolverse. Y añadió: “Pero la salud ya nadie se las devuelve”.

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